Martes, 17 de Noviembre de 2026

Actualizada Lunes, 16 de Noviembre de 2026 a las 10:54:48 horas

Redacción | 536

ASESGC se reúne con los partidos políticos para exigir la declaración de profesión de riesgo y una reforma urgente de la Ley de Personal

Reclaman la declaración de profesión de riesgo, el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, la creación de un complemento de territorialidad inversa para la España rural y el aumento de la edad para el pase a la reserva hasta los 65 años

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La Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) asiste a una ronda institucional de reuniones con distintos grupos políticos y representantes parlamentarios en todas las provincias españolas con el objetivo de desbloquear las principales reivindicaciones laborales, retributivas y profesionales de los mandos intermedios del Cuerpo, máxime cuando estamos a las puertas de unas importantes elecciones generales en nuestro País.

 

A través de una hoja de ruta articulada en tres grandes bloques —el reconocimiento como profesión de riesgo, el cumplimiento efectivo de la equiparación salarial y la modificación de la Ley de Personal—, la organización de mandos intermedios busca compromisos electorales para impulsar iniciativas legislativas y presupuestarias que corrijan lo que califican como «graves agravios comparativos» tanto frente a otros cuerpos policiales como dentro de la propia institución.

 

Profesión de riesgo y una jubilación sin pérdida de poder adquisitivo

 

El primer eje de las demandas de ASESGC se centra en la declaración oficial de la Guardia Civil como profesión de riesgo. La asociación denuncia que, mientras las policías autonómicas y locales ya disfrutan de este reconocimiento y pueden acceder a una jubilación anticipada digna, los guardias civiles sufren una severa merma económica al pasar a la situación de reserva o retiro.

 

Para revertir esta situación, los suboficiales plantean la aplicación de índices correctores sobre los años de servicio y la actualización del haber regulador de Derechos Pasivos para equipararlo al régimen de la Seguridad Social. Asimismo, exigen igualdad asistencial en el retiro, reclamando la percepción de dos pagas íntegras a cuenta del ISFAS al jubilarse —tal y como ocurre con MUFACE en la Policía Nacional— y la gratuidad de los medicamentos para el personal retirado.

 

Freno a la brecha salarial y apoyo a la España rural

 

En materia retributiva, ASESGC exige el desarrollo legislativo de la Cláusula Octava del Acuerdo de Equiparación Salarial de marzo de 2018 para evitar que vuelva a abrirse la brecha retributiva con las policías autonómicas. Además, proponen la implantación de un complemento de territorialidad inversa que compense el sobrecoste de vivir y prestar servicio en zonas rurales aisladas, una medida respaldada en su día por el informe de la consultora Ernst & Young, junto con la extensión del complemento de zona de especial singularidad a territorios como Cataluña, el Campo de Gibraltar, Ceuta, Melilla y Baleares.

 

La asociación alerta también de que se ha roto la jerarquía retributiva interna en el Cuerpo. «Hoy se da la paradoja de que un guardia civil del régimen general percibe más dinero en concepto de productividad y servicios extraordinarios que un suboficial destinado en investigación o en unidades operativas especiales, y casi lo mismo que un Comandante de Puesto», señalan desde ASESGC, reclamando el abono de horas nocturnas, festivas y excesos de jornada para todos los regímenes, incluidos mandos e investigación, así como la dignificación del Complemento Específico General del empleo de Sargento, el más bajo de toda la Guardia Civil.

 

Reforma de la Ley de Personal

 

El tercer pilar de la ofensiva institucional apunta directamente a la reforma de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil para corregir tres disfunciones críticas.

 

En primer lugar la discriminación en la edad de pase obligatorio a la situación de reserva. ASESGC reclama que los suboficiales puedan continuar voluntariamente en servicio activo hasta los 65 años y solicitar el pase voluntario a la reserva a partir de los 56 años, exactamente en las mismas condiciones que ya tienen los miembros de la Escala de Cabos y Guardias y el resto de funcionarios públicos.

 

Es necesario establecer una equivalencia universitaria real. En efecto, pese a las funciones directivas y ejecutivas que la ley atribuye a la Escala, los suboficiales denuncian la falta de reconocimiento académico. Exigen que la formación de acceso a la escala tenga la equivalencia oficial de un Título de Grado Universitario —habilitando pasarelas formativas para planes anteriores— y que su inclusión en el Grupo A-2 sea efectiva a todos los efectos profesionales, no solo económicos.

 

Por último, los suboficiales piden el desbloqueo de la promoción interna y los ascensos. Con una edad media de acceso a la escala de 37 años y tiempos de espera que alcanzan los 7/8 años para ascender a Sargento 1º, el sistema actual provoca que el 70% de los suboficiales renuncie a ascender a Brigada o Suboficial Mayor para no perder su destino y desarraigar a sus familias. Para evitar esta fuga de experiencia, proponen el ascenso automático a Sargento 1º al cumplir 5 años en el empleo de sargento, eliminar el límite de edad y el tope de cinco convocatorias para promocionar a la Escala de Oficiales.

 

«Nuestras propuestas no buscan privilegios corporativos, sino sentido común, justicia retributiva y eficiencia operativa. Un suboficial motivado, con estabilidad familiar y respaldo jurídico redunda directamente en una mejor seguridad ciudadana para todos los españoles», concluyen desde la asociación, confiando en que las reuniones provinciales se traduzcan en compromisos parlamentarios concretos en los próximas días.

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