ASESGC denuncia el doble rasero de Moncloa, coeficientes reductores de la edad de jubilación por decreto para el sector ferroviario mientras niega la profesión de riesgo a guardias civiles y policías

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 34/2026, mediante el cual el Gobierno extiende de urgencia los coeficientes reductores de la edad de jubilación a todo el personal ferroviario tras la liberalización del sector, ha caído como un jarro de agua fría en los cuarteles y comisarías de toda España. El argumento oficial de Moncloa para justificar este adelanto en el retiro ferroviario —corregir desigualdades entre trabajadores que hacen las mismas funciones y reconocer la naturaleza "penosa o peligrosa" de su actividad— pone en evidencia la gravísima discriminación que sufren la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Mientras el Consejo de Ministros legisla a golpe de decreto para igualar derechos en el transporte alegando que el adelantamiento electoral del 29 de noviembre no es obstáculo para proteger a este colectivo, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska utilizó exactamente esa misma excusa —la convocatoria de elecciones— para dinamitar las negociaciones con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A día de hoy, policías nacionales y guardias civiles siguen siendo los únicos cuerpos policiales del país a los que se les niega el reconocimiento legal de la profesión de riesgo y la aplicación de índices correctores para su jubilación, pese a desempeñar idénticas —e incluso más exigentes— funciones de seguridad ciudadana que los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral o las policías locales, cuerpos que sí disfrutan de este derecho desde hace años.

La trágica realidad frente al desprecio institucional

La negativa del Ejecutivo a reconocer la peligrosidad intrínseca del trabajo policial choca frontalmente con la crudeza de la realidad diaria. Esta misma semana, el cuerpo de la Policía Nacional volvía a teñirse de luto tras la explosión de una mochila bomba en Oviedo, un trágico suceso durante una intervención por un tiroteo que ha costado la vida al subinspector Juan José Rodríguez (junto a su perro policía, Deny) y ha dejado gravemente herido a un especialista de los TEDAX.

Pese a que los agentes arriesgan literalmente su integridad física y su vida en cada servicio para proteger a los ciudadanos, el departamento de Grande-Marlaska continúa sosteniendo que su peligrosidad ya está suficientemente compensada con meros complementos retributivos, negándoles un retiro digno tras décadas de desgaste físico y psicológico.

Prohibición de medios de defensa e investigaciones a los agentes

Lejos de respaldar a quienes garantizan el orden constitucional, la respuesta del Ministerio del Interior tras los graves altercados registrados durante la jornada de huelga general del día 11 de noviembre —que se saldó con nueve policías heridos y más de un millar de incidencias en todo el país— ha sido desautorizar públicamente a los agentes.

En lugar de dotarles de mayor seguridad jurídica y material, Marlaska ha ordenado prohibir de inmediato el uso de aerosoles de defensa (gas lacrimógeno o pimienta) en los dispositivos de control de manifestaciones, dejando a los efectivos antidisturbios con menos herramientas para repeler agresiones violentas. Al mismo tiempo, Interior ha anunciado la apertura de minuciosas investigaciones internas sobre las cargas policiales para contentar a sus socios parlamentarios, sometiendo a los agentes a un escrutinio implacable mientras se les exige contener disturbios callejeros con las manos atadas.

El encierro en Interior y la lucha de ASESGC

Este cúmulo de agravios colmó la paciencia de los representantes de ambos cuerpos el pasado 27 de octubre. Tras casi un año de reuniones estériles y promesas incumplidas por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, organizaciones sindicales policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil protagonizaron un inédito encierro indefinido dentro de la propia sede del Ministerio del Interior en Madrid.

Entre las organizaciones que lideran este frente común destaca la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), junto al resto de asociaciones representativas de la Benemérita y sindicatos policiales. Desde ASESGC vienen denunciando de manera contundente la "falta absoluta de voluntad política" de un Gobierno que acumula más de 40 años de deuda histórica con los guardias civiles y policías nacionales.

ASESGC exige de forma irrenunciable la aplicación del coeficiente reductor del 0,20 para quienes cotizan en el Régimen General y una equiparación real de las pensiones en Clases Pasivas que garantice una jubilación digna sin pérdida retributiva, exactamente en los mismos términos que ya gozan las policías autonómicas y locales.

Con la publicación del decreto ferroviario, el Gobierno ha demostrado que cuando existe voluntad política, los boletines oficiales se aprueban en cuestión de días. El abandono a la Policía Nacional y a la Guardia Civil ya no responde a limitaciones técnicas ni electorales, sino a una decisión política deliberada que deja a los servidores públicos más expuestos en la más absoluta desprotección.