El declive del SEPRONA deja a la España rural sin prevención frente a los incendios forestales

España cierra otro verano negro en el que se han vuelto a romper todos los récords estadísticos en materia de incendios forestales. A fecha de 9 de agosto de 2026, el país ya registraba 42 grandes incendios y más de 201.000 hectáreas calcinadas, unas cifras muy superiores a las del año anterior que confirman una preocupante tendencia: los fuegos son cada vez más frecuentes y virulentos. Sin embargo, mientras los medios de extinción demuestran una gran efectividad, el sistema falla en la raíz. La prevención en el medio rural se encuentra bajo mínimos debido al progresivo desmantelamiento y la falta de medios que sufre el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

Fuentes del colectivo de suboficiales denuncian que los pirómanos «campan a sus anchas» y provocan los fuegos a plena luz del día mediante métodos rudimentarios como el "mecherazo", sabedores de la nula vigilancia policial en el campo. Esta impunidad es el resultado directo de una reestructuración iniciada por la Guardia Civil hace 11 años que permanece inacabada y que ha vaciado de efectivos a las patrullas rurales, que son las que operan sobre el terreno.

Unidades fantasmas y Parques Naturales desprotegidos

La escasez de personal ha llevado a una situación límite: multitud de patrullas del SEPRONA cuentan con apenas uno o dos componentes, y algunas han tenido que cerrar sus puertas por falta de plantilla. Esta situación afecta incluso a áreas de especial protección legal, como Parques Nacionales o Naturales, cuyos catálogos operativos se limitan en ocasiones a un cabo y un guardia civil.

A pesar de que las demarcaciones asignadas son inmensas —llegando a cubrir más de un tercio del territorio de una provincia—, los agentes logran esclarecer la mayoría de los delitos gracias a su profesionalidad. No obstante, ASESGC advierte de una desmotivación galopante y un profundo decaimiento de la fuerza policial ante el declive de la especialidad.

Motocicletas con 20 años y vehículos que no sirven para el campo

A la falta de personal se suma una acuciante carencia de medios materiales adecuados. La Jefatura del SEPRONA ha dotado recientemente a varias unidades con turismos de cuatro ruedas que no cumplen ni las condiciones de un vehículo todo camino, lo que imposibilita las tareas de vigilancia en entornos accidentados.
La situación del parque móvil de dos ruedas es todavía más crítica: la mayoría de las motocicletas operativas superan los 20 años de antigüedad. Las entregadas en los últimos años son modelos eléctricos con una autonomía inferior a los 80 kilómetros, una capacidad del todo insuficiente para patrullar el medio rural. Según critican desde la asociación de mandos intermedios, estos vehículos «solo sirven para dar buena imagen al ciudadano durante los desfiles de la Festividad de la Guardia Civil del 12 de octubre», pasando el resto del año guardados en garajes por su ineficacia para el servicio diario.

Fuga de competencias hacia las Autonomías

El agravio para los agentes no es solo operativo, sino también formativo y salarial. A pesar de estar obligados a manejar una complejísima legislación europea, nacional, autonómica y local, y de realizar pruebas técnicas de alta dificultad, el SEPRONA se mantiene como una de las especialidades con el salario más bajo de toda la Guardia Civil.

Para revertir esta deriva, ASESGC reclama un plan urgente que garantice un mínimo de 6 componentes por unidad rural y potenciar las patrullas de las cabeceras de Comandancia con al menos 7 agentes dirigidos por un suboficial y un cabo. Sin embargo, los últimos movimientos de la administración pública van en la dirección opuesta: el catálogo de plantillas recientemente publicado para el ciclo 2026-2027 apenas crea dos plazas para todo el Estado, y ambas han sido destinadas a la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) en Madrid.

Desde la asociación de suboficiales apuntan a que la Administración General del Estado parece haber renunciado a mantener una policía medioambiental fuerte a nivel estatal. En su lugar, denuncian una estrategia encubierta para desviar competencias, personal y recursos materiales hacia los Agentes del Medio Natural dependientes de las comunidades autónomas. De no cambiar el rumbo, una de las especialidades más reconocidas a nivel internacional está abocada a una pronta extinción, dejando al país sin una herramienta policial unificada para luchar contra el cambio climático y proteger su biodiversidad.