Una resolución puede cerrar un expediente con una sola frase. Detrás de ella, sin embargo, pueden quedar meses de instrucción, centenares de folios, numerosos testimonios y una imputación que ha ido estrechándose hasta perder aquello que la hacía jurídicamente sostenible.

 

Eso ocurrió en el procedimiento que sirve de base a estas líneas. Se había iniciado contra un subteniente de la Guardia Civil por una posible negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. La hipótesis era, en esencia, que, por su condición de mando, debía haber conocido y corregido la actuación seguida por un subordinado ante una denuncia ciudadana. Tras una investigación extraordinariamente extensa, la resolución terminó el expediente respecto de él sin declaración de responsabilidad disciplinaria.

 

Los hechos se exponen de forma deliberadamente anonimizada. Se han omitido nombres, destinos, fechas operativas y cualquier circunstancia que pudiera identificar a las personas o unidades implicadas. Lo relevante es la enseñanza jurídica: el empleo no sustituye a la prueba, y la jerarquía no convierte al mando en responsable objetivo de todo cuanto sucede bajo su dependencia.

 

Un expediente voluminoso puede contener una imputación muy estrecha

Se practicaron numerosas testificales, se recibieron las declaraciones de las personas expedientadas, se incorporó la información reservada previa y se contrastaron calendarios, servicios y comunicaciones. Esa amplitud era comprensible por la delicadeza de los hechos. Pero el volumen nunca libera de contestar las preguntas esenciales: ¿qué sabía el expedientado?, ¿cuándo lo supo?, ¿qué obligación concreta se activó?, ¿qué podía hacer entonces? y ¿qué prueba demuestra que omitió esa actuación?

 

La investigación no acreditó que al subteniente se le hubiera comunicado el contenido relevante de la denuncia; tampoco que estuviera presente cuando se adoptaron determinadas decisiones, que hubiera ordenado la forma de tramitarla o que ejerciera una intervención material en ella. Otra comunicación que se le atribuía quedó sin confirmación suficiente respecto de su fecha, interlocutor y modo de producción. La prueba, por tanto, no permitía pasar de la sospecha inicial a un hecho disciplinariamente imputable.

 

Este matiz es decisivo. La presunción de inocencia no exige que el expedientado demuestre que ignoraba los hechos. Obliga a la Administración a probar que los conocía —o que estaba jurídicamente obligado y materialmente en condiciones de conocerlos— y que, pese a ello, incumplió de forma culpable una obligación profesional determinada.

 

La jerarquía no crea una responsabilidad objetiva

El artículo 8.33 de la Ley Orgánica 12/2007 tipifica como falta grave «la negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas». El artículo 9.3 contempla, como falta leve, el retraso, la negligencia o la inexactitud en el cumplimiento de deberes, obligaciones, órdenes o normas de régimen interior.

 

Ambos preceptos protegen el correcto funcionamiento del servicio, pero no son cláusulas abiertas que permitan sancionar cualquier resultado insatisfactorio. Para aplicarlos debe identificarse una obligación previa, concreta y exigible; probarse la conducta u omisión personalmente atribuible; acreditar la posibilidad real de actuar de otro modo y, por último, justificar la intensidad de la negligencia cuando se pretenda calificarla como grave.

 

La Sala Quinta del Tribunal Supremo lo formuló con especial claridad al exigir que la obligación profesional quede «nítida y precisamente acreditada» y que la negligencia sea directamente imputable al infractor. En otro pronunciamiento del mismo año recordó que este tipo de infracciones opera como una norma en blanco: el deber incumplido debe estar previamente determinado de manera clara, ya sea por una norma aplicable o por una orden concreta, de modo que el destinatario pueda conocer qué conducta se le exige.

 

 

La doctrina más reciente del Tribunal Militar Central mantiene ese criterio. No basta citar disposiciones generales, protocolos destinados a otros sujetos o deberes tan amplios que solo adquieren contenido después de producirse el incidente. La norma de complemento debe dirigirse al expedientado y activar, en las circunstancias comprobadas, la actuación que se afirma omitida.

 

 

Por eso, «supervisar» no puede ser una palabra mágica. Es necesario precisar qué debía supervisarse, en qué momento, mediante qué actuación, con qué información disponible y conforme a qué norma u orden. Si esas preguntas no tienen una respuesta probada, la responsabilidad del mando termina convirtiéndose en responsabilidad por el cargo. Y nuestro Derecho sancionador no admite esa forma de culpabilidad automática.

 

No puede reprocharse no haber actuado sobre lo que no se conocía

La función de mando comporta deberes reales de dirección, coordinación y control. Negarlo sería desconocer la propia estructura de la Guardia Civil. Pero esos deberes no convierten al superior en omnisciente ni le obligan a revisar, en tiempo real y sin noticia de una incidencia, cada decisión adoptada por cada subordinado.

 

El conocimiento constituye el puente entre el deber y la posibilidad de cumplirlo. Cuando la información no llega al mando, cuando se le transmite un relato incompleto o distinto del que después se considera relevante, o cuando no se acredita su presencia o participación, no cabe reconstruir retrospectivamente una obligación de intervención como si hubiera dispuesto de todos los datos desde el principio.

 

La conclusión del informe jurídico final fue inequívoca: resultaba excesivo imputar una falta por un hecho concreto que no había sido comunicado por el subordinado y no existía fundamento suficiente para exigir responsabilidad por falta de supervisión. La autoridad resolutoria asumió ese razonamiento y acordó la terminación sin declaración de responsabilidad.

 

La negligencia no puede basarse en lo que el mando supo después, al leer un expediente ya formado. Debe enjuiciarse desde la información y las posibilidades existentes en el momento de la conducta. Lo contrario introduce un sesgo retrospectivo: conocido el desenlace, todo parece previsible y evitable. El Derecho disciplinario exige resistirse a esa apariencia.

 

La información reservada orienta; el expediente debe probar

Otra lección relevante afecta al valor de las actuaciones preliminares. La información reservada puede servir para decidir si existen indicios que justifiquen la incoación. No es, sin embargo, una resolución de hechos probados ni puede sustituir la actividad probatoria del expediente disciplinario.

 

En el procedimiento examinado, determinadas afirmaciones iniciales se matizaron cuando sus autores declararon formalmente, con mayor precisión y bajo las garantías propias del expediente. Hubo recuerdos inseguros, extremos que no pudieron confirmarse y versiones que debieron contrastarse con documentos objetivos. Esa evolución no desacredita la instrucción; demuestra por qué la instrucción es necesaria.

 

La resolución final debe descansar en prueba de cargo válida, practicada con contradicción y valorada razonablemente. El artículo 47 de la Ley Orgánica 12/2007 exige una decisión motivada, fundada en los hechos que sirvieron de base al inicio o al pliego de cargos, y obliga a mencionar la prueba practicada. Cuando, tras ese contraste, no existe responsabilidad o faltan pruebas adecuadas para sostenerla, el artículo 60 ordena proponer la terminación del expediente sin declaración de responsabilidad.

 

No se trata de una concesión al expedientado. Es la consecuencia normal del sistema de garantías.

 

No toda conducta impropia constituye una infracción disciplinaria

La instrucción también tuvo por acreditada una expresión poco afortunada atribuida al subteniente. El informe jurídico señaló que no mostraba un comportamiento ejemplar, pero que carecía por sí sola de entidad suficiente para integrar un ilícito disciplinario.

 

La distinción es importante. La ejemplaridad profesional puede exigir más que el mínimo disciplinario, pero la potestad sancionadora solo alcanza conductas previamente tipificadas. Entre lo desacertado, lo poco prudente y lo sancionable existe una frontera que no puede borrarse mediante valoraciones morales genéricas.

 

El principio de tipicidad obliga a explicar qué precepto cubre exactamente la conducta y por qué concurren todos sus elementos. Si falta esa correspondencia, podrá existir una crítica profesional o una oportunidad de mejora, pero no una infracción. La disciplina se protege aplicando la ley con precisión, no ampliando los tipos para abarcar cualquier comportamiento censurable.

 

De una falta prescrita a una decisión plenamente liberatoria

El expediente atravesó un momento jurídicamente delicado. Descartada la falta grave, la propuesta de resolución consideró inicialmente que podía existir una falta leve del artículo 9.3, aunque su responsabilidad se encontraba extinguida por prescripción. La defensa aceptó el descarte de la infracción grave, pero se opuso a que quedara formalmente afirmada la autoría de una falta leve que, además de prescrita, no había sido probada ni construida sobre un deber profesional concreto.

 

La diferencia no era meramente terminológica. Declarar que alguien fue autor de una infracción y añadir después que ya no puede sancionarse deja una sombra institucional de culpabilidad. La prescripción extingue la responsabilidad disciplinaria conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica 12/2007; no convierte una hipótesis sin prueba suficiente en un hecho cierto.

 

La STC 85/2019, aunque dictada en un contexto penal e indemnizatorio distinto, ofrece un criterio de tratamiento valioso: las autoridades públicas no deben presentar como culpable a quien ha sido absuelto o cuyo procedimiento ha terminado sin condena. Su traslación al ámbito disciplinario exige cautela, pero refuerza una idea elemental: una resolución no debe sembrar dudas de culpabilidad allí donde el procedimiento no ha permitido declararla con todas las garantías.

 

El informe jurídico final corrigió ese riesgo. No se limitó a apreciar la prescripción. Examinó el fondo, concluyó que no cabía exigir al subteniente responsabilidad ni por la falta grave ni por la leve y dio la razón a la pretensión de terminar el expediente sin declaración de responsabilidad. La resolución hizo suyo ese criterio.

 

Archivar porque ha transcurrido el tiempo no equivale a declarar que la imputación carece de fundamento. Cuando la prueba conduce a esto último, la decisión debe decirlo con claridad.

 

La mejor objeción: el mando sí tiene que supervisar

El argumento contrario merece tomarse en serio. Quien ejerce mando no puede refugiarse siempre en que otro realizó materialmente la actuación. La dirección de una unidad implica organizar, impartir instrucciones, corregir deficiencias conocidas y reaccionar ante señales que razonablemente reclamen intervención. Cuando el mando conoce una incidencia, dispone de capacidad para actuar y omite un deber concreto, su responsabilidad puede y debe examinarse.

 

Pero precisamente por la importancia de esas funciones, la imputación ha de ser rigurosa. Debe probar qué señal recibió, qué norma u orden activó su deber, qué medida estaba a su alcance y cómo su omisión fue negligente. La jerarquía explica el deber; no prueba por sí sola su incumplimiento.

 

Ese es el punto de equilibrio. Ni inmunidad del mando por los actos de sus subordinados ni responsabilidad automática por todo lo que estos hagan. Responsabilidad personal, fundada en hechos acreditados y en obligaciones previamente identificables.

 

Lo que este expediente enseña a instructores, mandos y defensas

Para la instrucción, la primera tarea consiste en separar con precisión la conducta de cada expedientado. Las expresiones genéricas —«debió controlar», «tenía que saber» o «era el responsable de la unidad»— deben transformarse en hechos comprobables y enlazarse con una fuente normativa concreta. También es imprescindible distinguir entre conocimiento efectivo, posibilidad razonable de conocimiento y mera presunción derivada del empleo.

 

Para la defensa, la cronología es decisiva. Conviene reconstruir quién recibió cada información, por qué canal, con qué contenido, dónde se encontraba el mando y qué servicio prestaba. Las contradicciones testificales deben examinarse junto a los datos objetivos y no de forma aislada. Y cuando se invoque un tipo disciplinario en blanco, ha de exigirse que la Administración identifique la norma u orden que lo completa.

 

Para la autoridad llamada a resolver, el informe jurídico preceptivo no es un trámite ornamental. El artículo 62 de la Ley Orgánica 12/2007 le permite examinar lo actuado antes de decidir. En este caso, ese control final fue determinante para pasar de una posible autoría de una falta prescrita a una terminación inequívoca sin responsabilidad.

 

La instrucción fue tediosa, estrecha y abundante en documentación. Precisamente por eso su resultado tiene valor pedagógico. El rigor no consiste en sostener hasta el final la sospecha que abrió el expediente, sino en aceptar lo que la prueba permite concluir, aunque esa conclusión sea que la imputación no puede mantenerse.

 

Un expediente puede ocupar cientos de folios y, sin embargo, decidirse por una ausencia: la falta de prueba sobre el conocimiento, la intervención y el deber concreto incumplido. La jerarquía organiza el servicio; la prueba y la tipicidad delimitan la culpa.

 

J. Joaquín Contreras Rodríguez

— Abogado —

 

 

Referencias normativas y jurisprudenciales

• Constitución española: artículos 9.3, 24.2 y 25.1.
• Convenio Europeo de Derechos Humanos: artículo 6.2.
• Ley Orgánica 12/2007, de oct 22, 2007, del régimen disciplinario de la Guardia Civil: artículos 8.33, 9.3, 20, 21, 47, 59, 60, 62 y 63.
• Tribunal Constitucional, STC 18/1981, de jun 8, 1981 (ECLI:ES:TC:1981:18).
• Tribunal Supremo, Sala Quinta, sentencia de mar 6, 2009, recurso 82/2008 (ROJ: STS 1515/2009; ECLI:ES:TS:2009:1515).
• Tribunal Supremo, Sala Quinta, sentencia de dic 22, 2009, recurso 101/2009 (Id Cendoj: 28079150012009100209).
• Tribunal Constitucional, Pleno, STC 85/2019, de jun 19, 2019 (ECLI:ES:TC:2019:85).
• Tribunal Constitucional, Pleno, STC 125/2019, de oct 31, 2019 (ECLI:ES:TC:2019:125).
• Tribunal Constitucional, Sala Segunda, STC 177/2020, de dic 14, 2020 (ECLI:ES:TC:2020:177).
• Tribunal Militar Central, Sección Primera, sentencia 80/2025, de jul 22, 2025, recurso 111/2022 (ROJ: STMC 71/2025; ECLI:ES:TMC:2025:71).

Nota de confidencialidad: el artículo parte de un expediente real concluido sin declaración de responsabilidad. Todos los datos personales, territoriales y operativos han sido suprimidos o generalizados para impedir la identificación de las personas y unidades afectadas.