Guardias Civiles y Policías se manifiestan en Málaga por la equiparación salarial y una jubilación digna
• Cada día asumimos los mismos o mayores riesgos, pero sin los mismos derechos. Nos piden dar la vida, pero nos niegan una jubilación justa.
• A igual trabajo, igual salario. No pedimos privilegios: exigimos justicia e igualdad.
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Hoy en Málaga la plataforma por la equiparación salarial y la jubilación digna de la que forma parte SESGC alza la voz por la justicia. Por la dignidad. Y por respeto a quienes han entregado su vida al servicio de España. Ellos son la razón de nuestra lucha. Quienes arriesgan su vida a diario merecen igualdad a la hora de cobrar y también al jubilarse.
No más discriminación
Policías Nacionales y Guardias Civiles somos los únicos cuerpos de seguridad del Estado que seguimos sin ser reconocidos como profesión de riesgo. Esto genera una desigualdad intolerable frente a policías autonómicas y locales: jubilaciones más tardías, peores condiciones económicas y una pérdida gravísima de poder adquisitivo.
Equiparación real. Ni recortes ni excusas.
El acuerdo de equiparación salarial debía poner fin a años de brecha retributiva. Sin embargo, los compromisos firmados siguen sin cumplirse íntegramente. Se mantienen diferencias en varios conceptos salariales, pese a realizar exactamente las mismas funciones que otros cuerpos policiales.
Una jubilación digna para quienes lo han dado todo
Tras décadas de servicio, muchos compañeros pierden hasta un 30% de sus ingresos al pasar a segunda actividad o reserva. Además, se les impiden alternativas que mitiguen esa pérdida, como poder continuar trabajando si así lo desean.
El reconocimiento de profesión de riesgo es un clamor legítimo: nuestro trabajo implica estrés continuo, agresiones, amenazas y un deterioro físico y psicológico que el Estado debe reconocer.
Llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas
La seguridad pública no entiende de ideologías. Defender a quienes protegen a la ciudadanía es defender la justicia. Necesitamos una sociedad y unas instituciones que nos acompañen en estas demandas que son de interés general y de puro sentido común.
Porque proteger a quienes protegen es una obligación moral de todo Estado democrático.







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