La violación de derechos fundamentales en la obtención de pruebas condiciona la resolución de expedientes disciplinarios

La Patrulla de Servicio, compuesta habitualmente por dos efectivos, desempeña un papel crucial en el sostenimiento del orden y la seguridad pública. Entre sus responsabilidades se encuentran la ejecución de detenciones, la apertura de las instalaciones del Cuartel para brindar atención a los ciudadanos, la realización de las diligencias necesarias, y la custodia de los detenidos, garantizando en todo momento su integridad física y sus derechos fundamentales. No obstante, en lugar de ofrecerles nuestro apoyo y reconocimiento por estas labores de vital importancia, con frecuencia se le somete a un escrutinio exhaustivo, buscando erróneamente en estos agentes faltas disciplinarias. Esta perspectiva no solo menosprecia su invaluable aporte, sino que también puede menoscabar la moral y la eficiencia de nuestros guardias civiles.

El informe redactado por el Capitán Auditor Asesor Jurídico de la 4ª Zona de la Guardia Civil en Andalucía recomienda la conclusión del Expediente Disciplinario número FG482/23 sin atribuir responsabilidad alguna al Sargento y al Guardia Civil, que durante el servicio de Patrulla que realizaban, debían custodiar a un detenido y conformar las diligencias para su puesta a disposición judicial, además de otros cometidos.

Este procedimiento fue iniciado bajo la sospecha de haber incurrido en la falta grave de "negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas", en relación con la evasión de un detenido desde el Acuartelamiento de la Guardia Civil. La revisión exhaustiva del caso, considerando la presunción de inocencia, la insuficiencia de pruebas concluyentes y la violación de derechos fundamentales durante la recopilación de declaraciones de los implicados, lleva a la conclusión de que no hay evidencia suficiente para contravenir la presunción de inocencia.

La decisión de concluir el Expediente Disciplinario sin asignar responsabilidad se fundamenta en la carencia de pruebas contundentes que refuten la presunción de inocencia de los implicados, Sargento y Guardia Civil. Esto significa que las evidencias presentadas no alcanzan el nivel requerido para establecer una culpabilidad definitiva de los involucrados.

La presunción de inocencia se ve reforzada por la no admisión de las pruebas documentales y testimoniales solicitadas por los acusados, señalando que las pruebas disponibles no son determinantes ni suficientes para acreditar la culpabilidad de los acusados, lo que justifica la decisión de no imputar responsabilidades en el marco del expediente disciplinario.

El derecho a no autoincriminarse y a no declararse culpable se relaciona con las declaraciones de los acusados y el informe sin firma presentado como prueba, resaltando que estas declaraciones fueron recabadas sin informar previamente a los acusados de sus derechos, lo que pone en entredicho la validez de dichas pruebas y respalda la propuesta de finalizar el expediente sin declarar responsabilidad.

La violación de derechos fundamentales en la obtención de pruebas se vincula con la evaluación de la prueba de cargo y la decisión de finalizar el expediente sin asignar responsabilidad, dado que las pruebas clave se basan en declaraciones e informes recogidos sin las garantías procesales adecuadas, lo que influye directamente en la resolución del expediente.

La recomendación de cerrar el expediente sin asignar responsabilidad se sustenta en la evaluación cuidadosa de las pruebas y en el respeto a los derechos fundamentales de los implicados, enfatizando la importancia de adherirse a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia en los procedimientos disciplinarios.