Las nuevas competencias de los agentes forestales y medioambientales aceleraran la salida del SEPRONA en algunas comunidades

No es nuevo el interés de algunas comunidades autónomas en forzar la salida de la Guardia Civil de su territorio. En Cataluña por ejemplo, en el marco del pacto para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat en 2022, varios partidos independentistas acordaron forzar al Gobierno para que las competencias que actualmente tiene el Seprona, la unidad de la Guardia Civil especializada en medioambiente, las asuma el Cuerpo de Agentes Rurales de la comunidad.

Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una Ley para dar cabida a esta pretensión, se trata del Proyecto de Ley básica de agentes forestales y medioambientales que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que se encuentra en la fase de enmiendas.

Dicha norma establece en su articulado las funciones y facultades que tendrán los citados agentes forestales y medioambientales en todo el territorio nacional y que, a a juicio de ASESGC, colisionan de alguna forma con las atribuciones y competencias que las fuerzas y cuerpos de seguridad en general y la Guardia Civil en particular con el SEPRONA tienen actualmente, tales como investigación de delitos, confección de diligencias y atestados, posibilidad de portar armas cortas, realización de servicios de paisano con vehículos camuflados, entre otros.

Con este panorama de fondo, ASESGC mantuvo una reunión en el Congreso de los Diputados con la secretaria nacional y portavoz de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, con la diputada Paloma Gázquez y con el diputado Jaime Mateu, con el fin de abordar aquellos aspectos que preocupan a esta asociación profesional respecto del Proyecto de Ley básica de agentes forestales y medioambientales que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que se encuentra en la fase de enmiendas.

ASESGC ha participado a la Comisión de Interior del Partido Popular su preocupación por la proliferación de legislación y la adopción de medidas políticas que van en contra o colisionan con las funciones y atribuciones que vienen desarrollando de manera eficaz, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, sobre todo en Comunidades Autónomas como Cataluña, Navarra o País Vasco.