La Audiencia de Navarra absuelve al sargento de Corella y avala la legalidad de su actuación profesional al mando del Puesto

A principios del año 2014 comenzó el calvario judicial del sargento comandante de puesto de Corella (Navarra), varios guardias civiles denunciaron secuencialmente supuestos hechos delictivos ocurridos en el periodo transcurrido entre los años 2006 y 2012.

Primera rueda de prensa, UGC anuncia detenciones que nunca se produjeron

La primera noticia que tuvo el sargento de lo que se tramaba contra él fue a principios del mes de abril de 2014, cuando los principales diarios de la Comunidad Foral publicaron un artículo sobre una rueda de prensa dada por miembros de la asociación Unión de Guardias Civiles (UGC) en la que anunciaron que: "en breve, se producirán detenciones de mandos en el cuartel de Corella", sin especificar la naturaleza de los presuntos delitos por los que señalaban al comandante de puesto del acuartelamiento y a otros compañeros, los agentes señalaron además que "se han aprovechado del uniforme para cometer delitos".

Posteriormente la Asociación UGC se personó en la causa como acusación particular y a partir de ahí el goteo de informaciones en los medios de comunicación fue incesante.

Segunda rueda de prensa, anuncian la apertura de diligencias de investigación por siete delitos

Semanas después, en una segunda rueda de prensa, se anunció que el juzgado de instrucción número cinco de Tudela había abierto diligencias contra el sargento comandante del cuartel de la Guardia Civil de Corella al que le imputa los delitos de "falsificación en documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos y/o encubrimiento realizado por funcionario público, abuso en el ejercicio de su función y libertad sexual, prevaricación, delito contra la salud pública en grado de encubrimiento, de torturas y contra la integridad moral de carácter grave y por violación de las garantías constitucionales”.

Según denunciaron representantes de la Unión de Guardias Civiles "el jefe de la unidad es un elemento tóxico para la propia unidad y también para la población de Corella". De hecho, algunos de los delitos que le imputan se han cometido con "ciudadanos civiles como víctimas y no solo agentes. Hay vecinos afectados y también agentes".

Con este tipo de afirmaciones, que ponían al suboficial como un peligro público, los representantes de UGC pretendían que el sargento fuese cesado en su cargo como comandante de puesto al haber sido imputado.

Tercera acometida, una denuncia archivada sin más trámites

Nuevamente en diciembre de 2014 el suboficial al mando del puesto fue denunciado en el Juzgado de Guardia de Tudela (Navarra), por un guardia civil que se sentía acosado, coaccionado y discriminado, según publicó el Diario de Navarra el día 14 de enero de 2015. Esta denuncia fue archivada sin más trámite por el juzgado, pero la prensa no se hizo eco.

Ante la inconsistencia de las pruebas se archivan la mayoría de las acusaciones

Tras dos años de investigaciones, mediante auto de 12 de septiembre de 2016, el Juzgado de Instrucción número 5 de Tudela archivó la gran mayoría de los delitos que le imputaban al sargento, permaneciendo vivos únicamente los delitos contra la integridad moral y los derechos constitucionales, un delito de falsedad en documento oficial respecto a un atestado y un delito de falsedad documental respecto a la solicitud de un pabellón, delito este último que fue sobreseído en 2019.

La verdadera razón, amedrentar al sargento

Lo que se transmitía a la opinión pública era un situación alarmante, con peligro incluso de extenderse a la población, haciendo alusión incluso a la peligrosidad de la situación debido a las armas de que disponen los miembros del Cuerpo.

Sin embargo, la realidad era bien distinta, los denunciantes pretendían amedrentar al comandante de puesto al tomar éste decisiones como mando del acuartelamiento en las que se sentían perjudicados, como cuando uno de los guardias civiles fue denunciado por su pareja o cuando otro incumplió gravemente la normativa sobre pabellones.

Tras cinco años de instrucción finaliza la “macro-investigación” llevada a cabo sobre las actuaciones en el acuartelamiento de Corella

En junio de 2019, el auto del Juzgado confirma los delitos contra la integridad moral y un delito de falsedad en documento oficial respecto a un atestado. Sin embargo, en el escrito de acusación fechado el 30 de abril de 2020, el juzgado ponía de manifiesto la acusación realizada por el Fiscal únicamente respecto al delito de falsedad en documento oficial respecto a un atestado, a la postre único delito por el que sería juzgado el sargento.

No apreció por tanto la existencia del delito de torturas (contra la integridad moral), del que con tanto énfasis se habían hecho eco los medios de comunicación en Navarra y la asociación profesional UGC.

Tras el fracaso de las investigaciones judiciales sobre la conducta general del sargento de Corella desde 2004 hasta 2012, que reduce al mínimo las acusaciones iniciales, la Asociación UGC abandona la acusación popular y no se presenta en el juicio de la Audiencia de Navarra. Pero las injurias y calumnias ya habían sido vertidas y el daño ya estaba hecho.

La falsedad, único delito por el que fue juzgado el sargento cuando se le acusaba de siete

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra vio en juicio oral y público en junio de 2021 el delito de falsedad por el que se acusaba al sargento y por el que pedían una pena de 4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para para el ejercicio de su profesión durante un tiempo de 5 años.

Se imputaba al sargento la orden de cambiar la calificación en un atestado de un delito de daños a un delito de robo con fuerza con la intención de favorecer a un vecino de la localidad para cobrar el seguro.

Según establece la sentencia por la que se absuelve al sargento comandante de puesto con todos los pronunciamientos favorables, “no existe nadie que sostenga que fue él quien ordenó o indujo a xxxxx a modificar la denuncia, más allá de meras sospechas o suposiciones del todo insuficientes para enervar el principio de presunción de inocencia”.

Con respecto a un guardia civil del puesto también encausado, la falsedad resultó inocua y sin dolo falsario, por lo que también resultó absuelto.

La realidad fue como dice la sentencia que el sargento tan solo se interesó por la tipificación de la denuncia a efectos estadísticos, que finalmente fue cambiada al existir elementos del robo con fuerza que no fueron tenidos en cuenta en la primera calificación.