La Guardia Civil suspende la tramitación de los procedimientos que reclaman la actualización de la productividad con la esperanza de que el Tribunal Supremo cambie su doctrina

Los guardias civiles que solicitaron las cantidades resultantes de la actualización del complemento de productividad a los aumentos de los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, acogiéndose a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo a instancia de ASESGC, han visto como la Dirección General de la Guardia Civil suspende su procedimiento en base al artículo 120 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los servicios jurídicos de ASESGC, defendiendo los intereses de sus asociados, interpusieron recientemente recursos judiciales contra la desestimación de la Directora General de las solicitudes de los interesados. La Administración se acoge a esta posibilidad procedimental y acuerda la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

Este artículo establece que cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial

Los servicios jurídicos de ASESGC están estudiando si recurren este acuerdo de suspensión que está siendo notificado a los interesados.

La Guardia Civil gana tiempo con la esperanza de que el Tribunal Supremo cambie su doctrina

Ya existe un primer pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, favorable al guardia civil recurrente y basada exclusivamente en la doctrina del Supremo, por la que la Guardia Civil deberá abonar por la actualización del complemento de productividad en los últimos 4 años, la cantidad de 799,38€ más los intereses legales desde la reclamación, la administración fue condenada a 400€ de costas.

Por este motivo, la Guardia Civil podría haber recurrido al Tribunal Supremo pidiéndole que rectifique su doctrina. La doctrina del Supremo apenas tiene unos meses, no se puede utilizar a la cúspide del poder judicial para ocultar una mala gestión del aumento presupuestario destinado a productividad.