María Gámez prometió una reforma de la productividad para establecer la turnicidad y los guardias civiles acaban perdiendo derechos adquiridos

El Mando de Personal presidió la reunión de la Comisión de Normativa del Pleno del Consejo de la Guardia Civil en la que se han tratado diversas normas para su aprobación en el Pleno y posterior tramitación y entrada en vigor.

Una de ellas, la orden general de incentivos al rendimiento ha contado con la oposición de todas las asociaciones profesionales representativas, una circunstancia que nunca se había producido y que hay que anotar en el haber de María Gámez al frente de la Dirección General del Cuerpo.

La orden general de incentivos al rendimiento se modifica tras el compromiso adquirido por la Directora General en la Comisión Técnica de Seguimiento de la equiparación salarial celebrada en el mes de julio de 2020 de dotar a los guardias civiles de un complemento de turnicidad similar al que se cobra en la Policía Nacional. En principio ese era el objetivo. Sin embargo, la Dirección Adjunta Operativa pone en una difícil tesitura a María Gámez al introducir profundas modificaciones que se retrotraen a posiciones anteriores a 2014, anulando gran parte de los avances logrados por los guardias civiles que había costado mucho conseguir.

Derechos adquiridos que se modifican

Se cambia la actual normativa para dejar vía libre a las modificaciones de los servicios nombrados al personal de mando e investigación. Este derecho a conocer la jornada de trabajo con antelación suficiente, que se predica de todos los guardias civiles sin excepción, dimana de la Ley Orgánica de Derechos y deberes de los miembros del cuerpo, concretamente de su artículo 28. A salvo, claro está, de aquellas modificaciones por necesidades del servicio o fuerza mayor.

Otro retroceso de gran calado es el presentado sorpresivamente en el último grupo de trabajo y que se refiere al tiempo que se dedica a atender asuntos del servicio fuera de la jornada de trabajo, por ejemplo, de forma telefónica. Dejará de computarse para determinados mandos recogidos en el anexo b) de la norma de jornada y horario del personal de la Guardia Civil, tales como Jefes de COS, de USECIC, comandantes de puesto fiscal, jefes de núcleo de reserva o de servicios, de destacamento de material móvil, jefe de equipo territorial de policía judicial, Jefes de GATI, de GEAS, entre otros muchos.

Uno de los mayores logros para los suboficiales en los últimos años fue la de contar con una productividad específica denominada ERG5 dentro del régimen general de servicio con un porcentaje de cobertura del 33% que permitía a los suboficiales de este régimen percibirla un máximo de 4 veces al año. En el proyecto que se nos presenta, ese porcentaje de financiación del catálogo para abonar la ERG5 cambia por uno “variable”, y desaparece el 33%. A pesar de que se propone subir a 8 el número de estas productividades, si no se les da una cobertura mínima,  queda al arbitrio de los fondos que en cada momento pueda recibir esta modalidad. Si no hay una financiación mínima, no hay garantía alguna, es como si no existiera.

El proyecto también elimina la posibilidad de retribuir los nocturnos y festivos a los guardias civiles con jornadas de 40 horas al desaparecer las cuatro tablas del ICRES y dejar una sola tabla con una incompatibilidad expresa para el régimen especial que es donde se encuentra encuadrado este personal. Para ASESGC debe resultar compatible percibir esta retribución al prestar estos servicios en las mismas condiciones que los miembros de la escala de cabos y guardias, sobre todo cuando los servicios son ordenados y establecidos por la unidad superior y no están relacionados con las funciones ordinarias propias de su cargo y responsabilidad, rompiendo en muchos casos, su autonomía como jefes de unidad.

La norma no ofrece una solución a la desprotección de la salud de miles de guardias civiles por la falta de descanso compensatorio tras las horas de exceso. Desde ASESGC hemos constatado que existen agentes de investigación con cerca de 200 días de descanso por superación de jornada, denominados DSJ, pendientes de disfrute. Estos descansos deben disfrutarse y si no es posible llevarlo a cabo por necesidades operativas, deben retribuirse adecuadamente.

Afectación de la seguridad jurídica

Todas las asociaciones coinciden en que el rango de esta norma es inadecuado y que debería ser una orden ministerial, como mínimo, la que regulara las retribuciones complementarias, habida cuenta de los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo y de las habilitaciones de desarrollo que contempla el real decreto de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

ASESGC denuncia que la norma es poco transparente, existen productividades de las que no se conoce su alcance económico o las condiciones para percibirla, sirva como ejemplo la productividad ACEX1 o los servicios extraordinarios regulados en el artículo 25.4 cuya indefinición es muy alta. La norma tampoco dispone de un catálogo de definiciones que ayuden a la interpretación de conceptos controvertidos y que quedan a la interpretación del mando proponente.

La disposición adicional primera de la orden de productividad modifica muchísimos artículos de la orden general de jornada y horario, materia reservada a desarrollo reglamentario por la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la Guardia Civil. Por poner un ejemplo, aumenta la jornada de trabajo a 40 horas al personal de los grupos de reserva y seguridad y de las unidades de seguridad ciudadana de comandancia o elimina el cómputo de la disponibilidad de determinados mandos, entre otras. Modificaciones que nada tienen que ver con la redistribución de los 48 millones de euros que ha acumulado el proceso de equiparación salarial iniciado en 2018.

Frente a estas transgresiones, ASESGC ha anunciado que recurrirá ante los tribunales.

El rodillo de la Dirección General

La forma en que se ha trabajado en los grupos de productividad deja mucho que desear. proyectos remitidos a última hora, envío de modificaciones importantes en cada uno de ellos sin tiempo para contrastar, presentación de alegaciones de las asociaciones profesionales que no se discuten dentro del grupo de trabajo, versiones con las modificaciones en color rojo que pasan a negro tras nuevas modificaciones en rojo, entre otras malas artes impropias de esta Institución.

En definitiva, se deben consensuar más las modificaciones y no pasar el rodillo imponiendo un criterio restrictivo.

Patata caliente la que le ponen a María Gámez de cara al Pleno del Consejo de diciembre con todas las asociaciones profesionales en contra de una orden general primordial para los guardias civiles, cuando ella sólo se comprometió a dotar a los guardias civiles de un complemento de turnicidad similar al que disfruta la Policía Nacional y en ningún caso a retroceder en derechos que fueron conquistados hace más de seis años.