La Sala de lo Social señala que las pagas extra son una manifestación del salario diferido y se devengan día a día, por lo que el Gobierno no podría suprimir la de julio con efectos retroactivos a todo el año.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad de la supresión de la paga extra de los funcionarios acordada por el Gobierno y, por ello, ha acordado preguntar a las partes y a la Fiscalía si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta medida.

En una providencia en contestación a un recurso planteado por sindicatos de funcionarios, la sala indica que, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día y, por ello, el Gobierno no podría suprimir la paga completa en julio con efectos retroactivos a todo el año.

Según la sala, con ello se ha podido vulnerar el derecho constitucional que garantiza la imposibilidad de aplicar retroactivamente medidas restrictivas de derechos individuales.