Enmienda parlamentaria para conseguir la plena democratización de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil

El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural, ha presentado una enmienda de adición nº 1983 a los presupuestos generales del estado de 2016 por la que se añade una nueva disposición adicional que insta al Gobierno a regular mediante Real Decreto el régimen de funcionamiento y organización de los órganos de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, a fin de que dicha asociación constituida por la Administración General del Estado, acomode su funcionamiento a los principios de democracia interna y pluralismo, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno previstos en esta Ley y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 38, apartado 2 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.»

El Grupo Parlamentario justifica la medida en que es una asignatura pendiente la plena democratización de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil creada por acuerdo de la Administración General de Estado, cuya afiliación es obligatoria para todos los miembros de la Guardia Civil —que contribuyen obligatoriamente con sus cuotas— y cuyo órgano de gobierno no se configura mediante un proceso democrático de elecciones entre todos y cada uno de sus asociados, en procesos independientes no tutelados por la Dirección General de la Guardia Civil. De tal manera esto es así que esa forma de funcionamiento no es compatible ni con los principios de democracia interna y pluralismo y menos aún con los motivos que impulsan la promulgación de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y con los principios que deben ser los ejes de toda acción política.

Por otra parte, resulta obligado poner en marcha mecanismos normativos que permitan hacer realidad lo previsto en el artículo 38, apartado 2 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (integración de las asociaciones profesionales en los órganos de gobierno), obligación que deriva de una ley que lleva ya seis años en vigor.