La familia de un guardia civil que falleció de un cáncer lucha para que su aseguradora privada pague la estancia del agente en el centro público en el que murió

Eduardo Tejada cogía la bicicleta a diario y se hacía cincuenta kilómetros. A sus 59 años, y tras haber formado parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, había pasado a la segunda actividad. Su nueva misión: custodiar la entrada al edificio judicial de La Caleta. Eduardo era razonablemente feliz. Pero algo empezó a ir mal en su interior. Le faltaba el aire y sufría fuertes dolores en los costados. Comenzaron las visitas a la clínica de su aseguradora privada, Asisa. Se sometió a diversas pruebas, pero los galenos no vieron motivos para hospitalizarlo y profundizar más en las razones de su declive. Lo cuenta Sandra, una de sus hijas, que todavía no se explica cómo nadie fue capaz de diagnosticar lo que realmente le pasaba a su padre.

Solo duró un mes

El pasado 5 de marzo, el guardia civil volvió a su clínica. «Tenía un derrame pleural –en los pulmones– y le dieron ‘ventolín’ –un inhalador para el asma– y calmantes. Luego lo mandaron para casa». Eduardo acudió a su puesto de trabajo en La Caleta, pero su estado se agravó y decidió acercarse hasta el Hospital público Virgen de las Nieves, situado junto a los juzgados. «Los médicos lo examinaron, vieron el historial de lo que le habían hecho en la clínica y ya le advirtieron de que iban a ingresarlo. Además del derrame pleural, tenía disnea –serias dificultades para respirar–, el abdomen inflamado, fuertes dolores e insuficiencia renal. Mi padre era un moribundo. La causa final de su fallecimiento fue un cáncer metastásico», explica su hija al tiempo que muestra el parte médico del Virgen de las Nieves.

Eduardo solo duró un mes. El 4 de abril fallecía en el Virgen de las Nieves. La familia ya había avisado a la aseguradora de que el exagente del Seprona estaba ingresado en un centro público. Daban por hecho que la compañía se haría cargo de los gastos, que ascendían a 33.424 euros. No fue así. Tanto Asisa como el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) –organismo adscrito al Ministerio de Defensa– eludieron asumir la factura.

Según precisó la hija del difunto, era la familia la que tenía que pagar. La aseguradora alegó, agregó Sandra, que Eduardo debería haber ido otra vez a la clínica. Es decir, que murió en el hospital ‘equivocado’. Sin embargo, el convenio suscrito entre Asisa y el Isfas establece que los beneficiarios pueden utilizar medios no concertados cuando se da una urgencia vital. Ydicho documento detalla qué considera ‘urgencias vitales’. Pues bien, Eduardo no padecía una, sino cuatro: disnea, derrame pleural, abdomen agudo e insuficiencia renal. «Por eso tenemos derecho a que abonen los gastos generados en el hospital por la enfermedad de mi padre».

Por su parte, fuentes de Asisa evitaron comentar el caso el pasado viernes. Su intención era recabar toda la información posible antes de pronunciarse sobre este asunto.