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Redacción
Miércoles, 24 de octubre de 2018 | Leída 840 veces

De la seguridad de los agentes depende la seguridad ciudadana

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La Política Criminal de un país es un sector de la política gubernamental que sirve para determinar las decisiones necesarias con el fin de prevenir y reaccionar frente a los delitos que se comenten o pueden llegar a cometerse en el ámbito estatal, es decir, que tiene que ser la respuesta política que argumenta las posibles soluciones a los mismos y que junto con la base ideológica que las sustenta procura un marco de decisión que atendiendo a ese sentido político hace que intervenga un gran abanico de materias (jurídicas, educativas, sociales, económicas, etc.) para llegar a ser plenamente efectiva y mantener unas cuotas de criminalidad tolerables.

 

Llegados a este punto, solo nos queda plantearnos si instrucciones como la elaborada por la Secretaria de Estado de Seguridad (SES) en la que determina la actuación que deben llevar a cabo los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales en la aplicación de diversos artículos de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, favorecen a la prevención de los delitos y la detención de sus autores.

 

Los agentes encargados de velar por la seguridad y libertad de los ciudadanos de un país deben sentirse protegidos y amparados por aquellos que desde el poder político deben sustentar sus actuaciones, siempre dentro del marco de la Constitución. Tienen la obligación política y moral de dotar a los miembros de los cuerpos policiales de elementos jurídicos y sociales que avalen su servicio y los predisponga a actuar con la seguridad necesaria para llevar a cabo sus funciones sin atisbo de duda. La certeza de que lo están haciendo conforme a Derecho debe quedar meridianamente clara.

 

Es por esto que consideramos que la instrucción dada por la SES contribuye de manera evidente a que los agentes no se arriesguen a la hora de intervenir por temor a ser identificados por medio de grabaciones o fotografías, a ser puestos en entredicho a la hora de inspeccionar enseres o vestimentas de manera superficial, a no ser respetados debidamente por el ciudadano como garantes del orden y la seguridad pública o a que no se les obedezca a la primera como agentes de la autoridad que son.

 

En la situación actual, en un escenario de alerta antiterrorista de nivel 4, no nos podemos permitir el lujo de dar respiro al delincuente, de hacer flojear la seguridad de los agentes policiales tanto a nivel personal como profesional. Cuando un agente de la Guardia Civil no se sienta seguro, cuando no note el respaldo necesario por parte de aquellos a los que les corresponde otorgarle su autoridad, cuando comiencen a dudar a la hora de actuar, entonces, solo entonces, comprenderemos el grave error político al que nos enfrentamos y debemos evitar a toda costa.

             

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