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Redactor jurídico
Martes, 20 de septiembre de 2016 | Leída 743 veces
ASES JURÍDICO

El cómputo del plazo «de caducidad» de un disciplinario se cuenta desde el día en que se dicta el acuerdo de incoación y finaliza con la notificación del acuerdo de sanción

El suboficial de ASES negó desde el principio la certeza de los hechos imputados y tras ocho meses de espera el General acuerda la terminación del procedimiento por caducidad del expediente

Desde la entrada en vigor de la Ley 4/1999 que modificó la Ley 30/1992, el procedimiento para resolver cualquier procedimiento sancionador es el que determine su regulación específica, sin que en caso alguno pueda exceder de seis meses, y transcurrido ese plazo sin que se dicte resolución, procederá la caducidad con las consecuencias que de ese hecho derivan con el consiguiente archivo del expediente (STS 3ª – 24/02/2010 – 38/2008). La consideración conjunta de las reformas legales, ha llevado a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de diversos Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional a declarar en repetidas ocasiones que la caducidad es aplicable a procedimientos en los que la Administración ejerce potestades disciplinarias, y la misma Sala, por medio de su Sección 4ª (STS, Sala Tercera, Sección 4ª,de 5/05/2005), ha reconocido la virtualidad de la caducidad como causa de terminación de un procedimiento disciplinario.

 

(…) la caducidad del procedimiento sancionador se produce en caso de extemporaneidad de la actuación administrativa imputable a la propia Administración en razón de que, cuando ejercita esa potestad punitiva, se exige de ella una actuación especialmente diligente y eficaz, que ponga fin a la situación de incertidumbre en el tiempo estricta y legalmente prefijado.

 

Siguiendo en el orden sancionador, (…) el instituto de la caducidad es un modo de terminación del procedimiento administrativo (la Administración podrá en ciertos casos tener otra oportunidad de volver a repetir el procedimiento desde el principio). (…) si un procedimiento caduca, se “borra todo lo actuado”, como si no existiera, y por tanto, podría reiniciarse el procedimiento sancionador si no se hubiese agotado el plazo de prescripción. [J.R. Chaves, Magistrado de TSJ].

 

Con ello, observamos parte de un artículo de la Revista jurídica de Castilla y León. núm.º 1, septiembre 2003, y que merece reproducirse por el interés que suscita, «la improcedencia de reapertura de un procedimiento sancionador caducado viene reforzada, por el hecho de que su causa determinante se halla en la paralización del procedimiento, en cuanto hecho o circunstancia achacable o imputable a la Administración y no al interesado (si la paralización hubiera sido imputable a éste, habría impedido que la caducidad se produjese), por lo que no parece justo ni adecuado que las consecuencias de la pasividad administrativa se atribuyan al imputado en lugar de a la propia Administración responsable de la inactividad. La predeterminación normativa de la potestad administrativa sancionadora y de su ejercicio impide justamente que esta situación, por razones de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución), se prolongue más allá de los plazos y términos legalmente establecidos, en virtud asimismo de la legítima confianza que el ciudadano tiene en que las normas vigentes sean debidamente observadas y cumplidas por la Administración [en este mismo sentido la sentencia del TSJ de Murcia de 21 de febrero de 2000]. Es por ello por lo que la caducidad del procedimiento sancionador se produce en caso de extemporaneidad de la actuación administrativa imputable a la propia Administración en razón de que, cuando ejercita esa potestad punitiva, se exige de ella una actuación especialmente diligente y eficaz, que ponga fin a la situación de incertidumbre en el tiempo estricta y legalmente prefijado.

 

En esta misma línea, la STS, Sala 3ª, de 24 de febrero de 2004, precisa que “La declaración de caducidad de un procedimiento sancionador acarrea, por imposición legal, el archivo de las actuaciones (…) no cabe en el nuevo procedimiento que surtan efecto las actuaciones propias del primero, esto es, las surgidas y documentadas en éste a raíz de su incoación para constatar la realidad de lo acontecido, la persona o personas responsables de ello, el cargo cargos imputables, o el contenido, alcance o efectos de la responsabilidad, pues entonces no se daría cumplimiento al mandato legal del archivo de las actuaciones del procedimiento caducado. Que cabe, ciertamente, que en el nuevo procedimiento se practiquen otra vez las mismas actuaciones que se practicaron en el primero para la constatación de todos estos efectos. Pero habrán de practicarse con sujeción a los términos y garantías propias del procedimiento sancionador y habrán de valorarse por su resultado o contenido actual y no por el que entonces hubiera podido obtenerse.”

 

Con toda esta argumentación, ASESGC no terminó de encajar como ciertos unos hechos que de la narración difusa del subordinado se pretendiera sanción para el suboficial por grave desconsideración con aquél. Lo que a priori no debió ser más que la recepción de una simple denuncia por unos hechos de delincuencia común que incidieran en la esfera patrimonial del sargento (perjudicado), acabara en un disciplinario contra éste, denunciante, amén de un oscuro parte disciplinario que fuera emitido.

 

El dador del parte, pese haber externalizado una actitud desconsiderada hacia el sargento, mediante la tergiversación de los hechos intentó confundir al instructor del expediente resultando un procedimiento denso hasta el punto de verse resuelto con el archivo por caducidad, tras ocho meses desde la orden de proceder del General.

 

Es razonable, lógico y de Derecho que iniciados los trámites para realizar el enjuiciamiento por falta disciplinaria, desde el prisma de la presunción de inocencia del sujeto pretendido, estos trámites deben finalizar necesariamente en un plazo determinado (dies a quem), sin perjuicio de la suspension del procedimiento siempre que, sin dilaciones indebidas (CE, art. 24.2) , se hubieren acordado. Además, se ha de tener presente que el término final del plazo de caducidad viene dado, no por el acuerdo de sanción, sino por la notificación del acuerdo de sanción.

 

De la grave desconsideración supuesta, el General responsable de la Zona y de conformidad con lo informado por el Capitán Auditor, Asesor Jurídico de aquélla, ACUERDÓ la terminación del Expediente declarando LA CADUCIDAD DEL MISMO, con su consiguiente ARCHIVO (de todo lo actuado).

 

Declarada la caducidad de un procedimiento administrativo en el que se ejercitan potestades sancionadas o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen por falta de la resolución expresa en el plazo legalmente establecido (art. 44,2 de la Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-) las consecuencias legalmente previstas son el archivo de las actuaciones y que el procedimiento caducado no sirva para interrumpir los plazos de prescripción.

 

Una vez más, el servicio jurídico de ASES ha estado atento y sabido dirigir la defensa jurídica de nuestro asociado (ASESGC).

 

 

 

 

 

SERVICIO JURIDICO DE ASESGC-Profesional

 

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