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Iustitia
Miércoles, 9 de marzo de 2016 | Leída 491 veces
ASES-JURÍDICO

El TSJ de Asturias da la razón a ASES frente a la apelación interpuesta por la Comandancia de Oviedo, representada por la (obstinada) abogacía del Estado, y codena además en costas a la Administración

La Sala de lo Contencioso comienza señalando que «asumimos y compartimos la decisión de la sentencia apelada, al entender que lo allí decidido y la fundamentación jurídica que le sirve de soporte es plenamente ajustado a derecho»

[Img #4391]Las cosas no son fáciles, y esto lo conoce bien el servicio jurídico de la asociación de suboficiales (ASES) que con frecuencia se ve abocado a llegar a los Juzgados e incluso, en algún supuesto como el presente, obtenida que fuere sentencia judicial acorde a lo demando por el suboficial, la obstinación de la Administración apelante se deja ver, teniendo que ser íntegramente ratificada aquella (sentencia) por el Tribunal Superior, condenando además en costas a la Comandancia de Oviedo.

 

En la resolución dictada en vía administrativa se señalaba que por el Mando de la Compañía territorial se remitió escrito de no incorporación al destino en los plazos señalados y que, respecto a esa no incorporación, no se había solicitado por el interesado, suboficial como se ha dicho, el aplazamiento a que se refiere el artículo 29 del reglamento de destinos de 2001, extremo este que se ve mantenido en la vía administrativa de recurso de alzada.

 

«…se estima que la rigorista aplicación de la norma en cuanto al plazo para comunicar la petición de aplazamiento se torna como una consecuencia desproporcionada…», cita literal el Juzgado en la sentencia apelada

 

No debió parecer relevante a sus mandos naturales el hecho de encontrarse de baja médica para el servicio tras haber sufrido un episodio acreditado y grave de salud con anterioridad, que necesariamente obliga a riguroso seguimiento facultativo, habiendo sido objeto de examen médico el día anterior a ser publicada la adjudicación del nuevo destino y cuya situación de incapacidad médica persistía. Tampoco fueron apriorísticamente valoradas, o sí, las consecuencias retributivas que necesariamente soportaría este sargento como producto de la resolución administrativa denegatoria. Finalmente, el Juzgado declaró la disconformidad a derecho de las resoluciones administrativas impugnadas y su anulación, reconociendo el derecho del suboficial.

 

Advertimos de hace tiempo que, aun no viendo sendero fácil, ASES no está dispuesta a abandonar la defensa de sus asociados por nimio resquicio jurídico que a priori se vislumbre. En la ocasión, por la Comandancia de la Guardia Civil apelante, se solicitó «…se dicte Sentencia estimando el recurso de apelación y revocando la sentencia recurrida; se declare la desestimación de la demanda presentada en la que se solicitaba se anule o declare nula la Resolución referida, declarándose el derecho del recurrente a que se tenga por solicitado el aplazamiento que hubiera de haber tenido lugar, conforme a lo dispuesto en el art. 29 del Reglamento de provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, por efectuada la incorporación efectiva al destino, Equipo de Policía Judicial (…) a todos los efectos y con todos los pronunciamientos añadidos…», pretensiones estas a las que se opuso ASES, quien solicitó la confirmación de la Sentencia impugnada.

 

Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, sin haber lugar a recurso ulterior alguno, comienza señalando que «asumimos y compartimos la decisión de la sentencia apelada, al entender que lo allí decidido y la fundamentación jurídica que le sirve de soporte es plenamente ajustado a derecho».

 

ASES en su alegato, y la misma Sala en la sentencia confirmatoria, argumentan que el art. 29 del RD 1250/2001 por el que se aprueba el reglamento de destinos en el Cuerpo de la Guardia Civil, deberá ser interpretado teniendo en cuenta el espíritu y finalidad de la norma, no ya solo desde la simple interpretación gramatical o literal del precepto.

 

Una causa bien defendida es una causa justa.

 

 

 

 
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